De acuerdo con una estimación publicada por la Secretaría de Salud estatal en 2022, se calcula la existencia de cerca de cinco millones de perros en situación de abandono en la entidad. Sin embargo, la falta de una metodología pública y verificable que sustente esta cifra limita su validez y evidencia la carencia de diagnósticos oficiales sistemáticos. Esta opacidad estadística obstaculiza el diseño e implementación de políticas públicas basadas en evidencia.

El maltrato animal, por su parte, se manifiesta como un fenómeno sistemático: siete de cada diez perros, según la misma fuente, estarían expuestos a diversas formas de violencia. No obstante, la ausencia de registros históricos, estudios longitudinales o indicadores de seguimiento impide una evaluación integral de la situación y sus variaciones a lo largo del tiempo.

Uno de los mecanismos utilizados con mayor frecuencia por los municipios para el control de la sobrepoblación es la práctica del llamado «sacrificio humanitario», ejecutado en los centros de control canino. Esta medida, lejos de representar una solución con perspectiva de bienestar animal, ha sido normalizada como una estrategia administrativa rutinaria ante la carencia de alternativas más humanitarias y sostenibles, como los programas de esterilización masiva o el monitoreo de colonias ferales.

El caso de Texcoco, durante la administración municipal de la actual gobernadora Delfina Gómez, ejemplifica esta normalización institucional del sacrificio. Durante su gestión, se reportó la muerte de más de tres mil perros en centros de control. Esta cifra, aunque alarmante, no representa una excepción, sino un reflejo del modelo operativo replicado en buena parte de los municipios mexiquenses.

Proyecciones basadas en tendencias nacionales estiman que, de mantenerse la tasa de crecimiento del 20 %, la población de perros en abandono en el Estado de México podría superar los 8.6 millones en 2025. A esto se suma el abandono masivo de gatos, un fenómeno aún menos documentado y visibilizado, cuya población podría duplicar a la de los perros, debido a su alta tasa reproductiva y a la ausencia de políticas específicas de intervención.

Se calcula que la entidad podría estar enfrentando una crisis de más de 15 millones de animales en situación de calle, sin que exista una estrategia estatal coordinada para su abordaje. Esta omisión institucional ha desplazado la responsabilidad a la sociedad civil: rescatistas, activistas y organizaciones no gubernamentales, quienes, sin recursos suficientes ni respaldo político, actúan como la única línea de contención frente a esta emergencia.

La falta de transparencia en la gestión de los datos, la carencia de informes públicos actualizados y la ausencia de voluntad política han transformado esta problemática en una crisis estructural silenciada. En consecuencia, las acciones estatales se han limitado a gestos simbólicos o propagandísticos, sin compromisos reales para el diseño de una política pública integral de bienestar animal.

La construcción de soluciones sostenibles requiere el reconocimiento de la problemática como un asunto de salud pública, bienestar social y derechos de los animales. Esto implica generar diagnósticos confiables, fortalecer los marcos normativos, garantizar presupuestos suficientes y articular esfuerzos interinstitucionales con la participación activa de la sociedad civil. Solo así se podrá revertir una situación de abandono que, por ahora, parece condenada a la invisibilidad institucional.